El 22 de noviembre de 1949, mediante el decreto Nº 29.397, Juan Domingo Perón suprimió todos los aranceles universitarios existentes.
Podemos recordar ese día como unos de los hitos fundantes de nuestro sistema educativo que se basa en la justicia social y el cual es el ejemplo para los países vecinos.
Desde entonces, muchos argentinos humildes y trabajadores pudieron acceder a la educación universitaria - con esfuerzo como siempre-, pero con una ayuda fundamental en la gratuidad de la matrícula.
Gobiernos posteriores, representantes de intereses minoritarios, intentaron avanzar sobre la gratuidad de la educación, pero siempre encontraron la resistencia de estudiantes y docentes convencidos de que la igualdad de oportunidades en la formación profesional es la base del desarrollo justo y sustentable de una nación.
A pesar de estos embates, el decreto de Juan Domingo Perón continuó rigiendo la educación pública superior, no siempre con el debido reconocimiento por parte de elites universitarias y culturales hegemónicas en distintas épocas.
En 2007 el Congreso de La Nación instituyó el 22 de noviembre como “Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria” para reivindicar una de las políticas de Estado de mayor importancia social, cultural, científica y económica del país.
Hoy la educación pública y gratuita es un derecho incuestionable en la Argentina.
En la UBA, debemos lograr que además de esa condición, nuestras Facultades sirvan a los intereses de nuestros ciudadanos, que les brinden mejores oportunidades de trabajo a los estudiantes y que sirvan al desarrollo de los intereses de nuestra Patria.
Por eso en este día especial, La Centeno Derecho se compromete a trabajar para seguir avanzando hacia una Universidad de todos los Argentinos, con igualdad de oportunidades para los estudiantes y al servicio del pueblo.
Pablo Serdán
La Centeno Derecho.
Los dogmas que fundamentan un sistema de ingreso a la justicia anti- democrático.
Históricamente el Ingreso a la Justicia se fue organizando de manera tal que, hasta en la actualidad, los únicos que pueden decidir quien trabaja en los Tribunales y quien no, son los propios Jueces.
Ésta práctica arraigada en el tiempo fue generando algunos “dogmas” que pueden ser oídos en cualquier despacho o mesa de entradas de los Juzgados nacionales o provinciales:
- “El Juez debe elegir directamente quiénes son sus empleados porque debe tenerles confianza.”
- “Quienes están mejor preparados para evaluar las capacidades laborales de los nuevos empleados son los propios jueces.”
- “Siempre se ingresó a la Justicia de esta forma y es imposible cambiarlo.”
Consideramos que todos estos argumentos a favor del nepotismo son falaces.
En primer lugar, porque la relevancia de la mentada confianza se ve disminuida cuando estamos evaluando las aptitudes de un empleado público que debe cumplir una labor de servicio hacia la sociedad y no hacia sus superiores jerárquicos quienes, al igual que aquél, responden al mismo mandato: el de la ciudadanía.
No es igual la relación que mantiene un Juez con un empleado del Tribunal y el vínculo que tiene el mismo Magistrado con su empleada doméstica o con quien corta el pasto en su hogar. En el primer caso debe primar la excelencia para desempeñar el cargo y la vocación de servicio del agente; en el segundo supuesto, al fin, el parámetro debe ser la confianza del juez,
En segundo lugar, esta tradición añeja, y los dogmas mencionados, ocultan que en otros ámbitos de la función estatal, igualmente delicada, como es la función de educar y educarnos, el Estado durante muchos años ha desarrollado el conocido sistema de “acto público” para todos los cargos, sin importar la confianza de los directores y personal jerárquico, sino obedeciendo al mandato de profesionalidad que exige la sensible tarea de educar. ¿Por qué debe ser distinto el criterio a la hora de decidir quiénes serán los que imparten justicia?
El tercer argumento, aquél que esgrime la imposibilidad de cambiar un orden dado de cosas, debido al tiempo que ha transcurrido desde que se ha instaurado es claro discurso conservador repetido con el objetivo de que efectivamente se mantenga la injusticia.
Aquí, podríamos remitirnos a lo ocurrido con la lucha llevada adelante por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación para terminar definitivamente con el trabajo esclavo en el poder judicial. ¿Cuántas veces escuchamos que terminar con los meritorios era imposible? ¿Cuántas veces nos dijeron: “esto siempre fue así”? Por suerte en aquél momento, no se bajaron las banderas de la democratización de la Justicia.
«Es justo que lo que es justo sea seguido, es necesario que lo que es más fuerte sea seguido.(…) Por tanto, hay que poner juntas la justicia y la fuerza; y ello para hacer que lo que es justo sea fuerte o lo que es fuerte sea justo»[1]
La doble injusticia del actual sistema de ingreso a la Justicia.
Lo cierto es que mediante estos razonamientos se encubre una doble injusticia respecto del régimen de ingreso al trabajo en tribunales.
La primera de ellas recae sobre los estudiantes de derecho que desean ingresar a la carrera judicial -por vocación, por voluntad de formación profesional o por una necesidad laboral-; y no tienen un familiar o un conocido de alta jerarquía vinculado con el mundo judicial que logre ubicarlos en un cargo en el escalafón de tribunales.
Se produce aquí un proceso de selectividad, mediante el cual el sistema judicial define quienes serán las personas que impartirán justicia desde los distintos estamentos de la judicatura.
Mucho se ha hablado sobre la selectividad judicial (principalmente en el derecho penal), y su capacidad de elegir a los sectores más vulnerables de la población y aplicar sobre ellos todo el peso de la ley, dejando impunes (en su mayoría) los delitos cometidos por miembros de los sectores económicamente más favorecidos; sin embargo, poco se ha hablado sobre esta otra cara del mismo proceso de selección que implica que quienes están encargados de administrar justicia provengan de los sectores sociales más acomodados, las personas con mayores recursos.
Para comprender cabalmente el asunto deberíamos dedicarnos a realizar un análisis histórico (algo que no pretendemos hacer en esta artículo) sobre la conformación misma del Poder Judicial desde sus comienzos y el componente mayoritariamente elitista de sus miembros, provenientes en gran parte de sectores con alto poder adquisitivo.
En este sentido también deberíamos realizar un estudio de la responsabilidad de las Facultades de Derecho en este tópico, recordando que estas casas de estudio desde sus comienzos fueron pensadas para pocas personas con determinados recursos (con los avances y retrocesos propios de los momentos históricos que fuimos viviendo en la Argentina)
Para resumir lo expuesto, la primera gran injusticia del actual sistema de ingreso a la Justicia, es que genera la imposibilidad -para muchísimos estudiantes de derecho- de obtener un trabajo interesante en términos profesionales y económicos.
Ahora analizaremos la segunda injusticia.
Que sólo un sector de la población se constituya como intérprete máximo de la ley, significa, cuanto menos, una injusticia en términos democráticos.
En la actualidad, lo que se conoce informalmente como la familia Judicial, es un grupo de jueces que comparten una misma visión de la realidad y un grupo de pertenencia cultural y económica, que se encuentra enquistado en el Poder Judicial desde hace bastante tiempo e interpreta lo que es el derecho en nombre de toda la sociedad, respetando los intereses de aquél sector del que provienen. Esto es lo que comúnmente se conoce como corporación.
En los últimos años han habido algunos avances muy significativos que nosotros aplaudimos, como por ejemplo la renovación de la Corte Suprema de Justica, la cual montó un cuerpo de magistrados independientes del poder Político y, lo que es aún más importante, del poder económico.
La incorporación del Consejo de la Magistratura como órgano encargado de realizar la selección y control de los Jueces en cabeza de un cuerpo colegiado integrado por distintos actores sociales, entre ellos el sector político, académico, legislativo, etc., también es un avance significativo en pos de la democratización del Poder Judicial.
Sin embargo, los que trabajamos y conocemos a fondo el funcionamiento de la justicia, sabemos que en los Juzgados, Fiscalías y Defensorías, quienes comienzan a hacer la carrera judicial son los que finalmente, luego de varios años (o no tantos), ocupan los lugares más importantes de la Magistratura.
Por este motivo, entendemos que la segunda gran injusticia del actual sistema de ingreso, es contra la democracia misma, entendida como concepto fundante de un Estado con participación de la población, con transparencia de las instituciones y en el cual se vean reflejados y acogidos los intereses y necesidades de amplios sectores de la sociedad.
¿Cuáles son los puntos que garantizan que el ingreso a la justicia sea democrático?
Entendemos que ambas injusticias, una que se da de cara a los ciudadanos en su individualidad (esta imposibilidad fáctica de ingresar a trabajar en el Poder Judicial) y otra colectiva, que nos hace pensar en qué tipo de justicia queremos en nuestro país; encuentran solución en el proyecto de ingreso democrático que presentamos hoy en la facultad de derecho e intentamos que se apruebe en la mayor cantidad de dependencias de los órganos juzgadores que resulte posible.
En cuanto a la primera de las injusticias creemos que debemos tener en claro los siguientes puntos:
Qué la convocatoria sea amplia, que se difunda a través de los medios adecuados de comunicación. Que llegue no solo a las Universidades públicas sino a las privadas también. Creemos que el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho debería tomar esa tarea como propia.
Que quienes evalúen no sean solamente los jueces. Esto es imprescindible, porque si lográramos instaurar el régimen democrático de ingreso y lo dejáramos aplicar discrecionalmente por los jueces, estaríamos nuevamente en una situación arbitraria.
Que el examen pretenda evaluar los conocimientos jurídicos de los participantes, su convicción democrática y su vocación de servicio a la sociedad.
Que los concursantes mantengan el anonimato hasta después de ser evaluados. Esto evita las irregularidades y hoy en día contamos con la tecnología que puede hacer que esto funcione con precisión y transparencia.
Desde La Centeno y la U.E.J.N. entendemos que el control de los exámenes deben realizarlos el Consejo de la Magistratura (sus miembros no- jueces), la Asociación de Magistrados (que es la representación de los Jueces como sector), y el gremio representativo de los trabajadores judiciales, quien garantizaría el control de la aplicación de un proyecto de ingreso democrático.
En cuanto a la segunda injusticia, el tema es un poco más difuso y nosotros desde la Universidad, desde el cuerpo de docentes de la UBA, desde los Magistrados en actividad, desde el Centro de Estudiantes al momento de discutir los planes de estudio; debemos comenzar a discutir de una vez por todas, cual es el perfil que deben tener los trabajadores de la justicia (muchos de los cuales pueden ser futuros jueces)
Estamos en una oportunidad histórica para plantearlo, pensemos que todavía hoy en día, existen muchos jueces, fiscales y defensores que fueron nombrados durante la última dictadura militar y hay muchísimos más que han llegado a ocupar el lugar en el cual se encuentran sólo por una interna política y sin ninguna virtud jurídica.
Por eso nuestra agrupación a partir del cuatrimestre entrante propone comenzar a formarnos para la actividad judicial, queremos que los mejores juristas que día a día llevan delante el trabajo en la justicia, vengan a la facultad y nos cuenten como es el trabajo y nos brinden las herramientas necesarias para llevarlo adelante. De esta forma estaremos diciendo que el sistema de ingreso debe cambiar, que es injusto, que no corresponde que ocurra de tal o cual forma, pero al mismo tiempo estaremos diciendo que los estudiantes de derecho nos estamos preparando para ocupar esos lugares.
Bibligrafia Comparada
España
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/15717/561046.pdf
Chile
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Transparencia_InfoPubl/Concursos/info_concursos.php?crr=9755&opc
http://enj.org/portal/biblioteca/funcional_y_apoyo/carrera_judicial/16.pdf_menu=0&opc_item=4
http://www.refdugr.com/documentos/articulos/3.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/revista/revista%2018%20enero%201993.pdf
http://www.juecesdemocracia.es/fundacion/publicaciones/NUEVO_MODELO_DE_ACCESO_2008.pdf
[1] «Justice, force.-Il est juste que ce qui est juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi.» Pensées, edición Brunschvicg, § 298, p. 470.]
Entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de 1977 fueron secuestradas en Mar del Plata once personas, entre ellas varios abogados. La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda –embarazada de 4 meses- Maria Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el Dr.Camilo Ricci y el Dr. Carlos A. Bozzi sobrevivieron a aquellos trágicos días. La simultaneidad del secuestro de seis abogados en solo dos días, y el alojamiento de los mismos en las instalaciones del viejo radar situado en la Base Aérea cercana a la ciudad de Mar del Plata, bautizó a esa noche como LA NOCHE DE LAS CORBATAS.”
Desde nuestra agrupación, brindamos un humilde homenaje a estos abogados que dieron su vida por una Argentina mejor.
Seguiremos nosotros también poniendo todo nuestro empeño para continuar esa lucha inconclusa por la justicia social.
Para ello, los estudiantes y trabajadores de derecho debemos mejorar cada día como profesionales y operadores jurídicos, entendiendo la importancia que tiene nuestra tarea a la hora de consolidar una sociedad más democrática y más igualitaria.
Nuestro compromiso es seguir poniendo al Derecho al servicio de la sociedad, fomentando la excelencia académica y las posibilidades de desarrollo profesional de los estudiantes de nuestra Facultad en todos lo ámbitos jurídicos en los cuales sea necesaria su intervención.
Solo en el marco de una sociedad que ha recuperado el lenguaje político se pueden transitar los caminos de la Democracia.
Desde nuestro lugar llevamos adelante un discurso que atañe a lo jurídico con la impronta del trabajador, pues entendemos que estos últimos no son sino la condición de posibilidad para pensar cualquier proyecto de liberación e inclusión nacional y popular.
La revalorización de la política no es sino el desvelamiento de todo lo que fue ocultado sin posibilidad de nombre: esa noche de julio de 1977 también desaparecieron, junto con los compañeros que ya hemos mencionado a ese ideal del Derecho ajustado con las demandas del conjunto.
La Centeno se hace eco de esas voces acalladas, para condensar las inquietudes que de nuevo surgen, y articularlas con medidas tendientes a la transformación efectiva de la realidad.
Por eso, por ellos:
ACCESO DEMOCRATICO AL PODER JUDICIAL DE LA NACION Y EJERCICIO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS DE LA PROFESION
Bases generales del I Concurso de Ensayos “Norberto Centeno”
Temario del concurso: "Derecho Penal y Realidad Social"
A continuación se enuncia una lista de temas no taxativa:
-aborto,
-crimenes de odio,
-derecho penal juvenil,
-legalización del consumo de drogas,
-derechos humanos,
-los delitos economicos
Participantes:
Podrán participar estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, graduados de la misma, y trabajadores del Poder Judicial o de Estudios Jurídicos.
Los concursantes pueden ser individuales o colectivos, y solo se admite un trabajo por persona o equipo.
Requisitos:
Deberá ser inédito, tener un mínimo de 10 (diez) y un máximo de 25 (veinticinco) carillas, en formato A4, a doble espacio, simple faz, tipo de letra Times New Roman en cuerpo 12. Al principio del trabajo debe redactarse un abstract o resumen muy breve del trabajo (diez renglones como máximo) y debe indicarse las palabras claves del ensayo, que indiquen los temas tratados. Se entregarán 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y se deberá enviar al mail de la agrupación.
Requisitos de presentación:
Los 2 (dos) ejemplares deberán presentarse en sobre cerrado. Tanto en la primera hoja del trabajo como en el sobre deberá figurar el nombre, el apellido y el DNI de los ensayistas, domicilio; teléfono y dirección de correo electrónico actual.
Plazo y lugar de entrega:
Los trabajos deberan ser entregados en Tucuman 966, 6to piso, frente, hasta el día lunes 30 de agosto de 2011 inclusive.
Por Correo electrónico: lacentenoderecho@gmail.com
Jurado:
Estará presidido por el Dr Alejandro Alagia.
Decisión:
La decisión del Jurado será final e inapelable. El Jurado podrá declarar desierto el concurso. En caso de haber ganadores, el Jurado podrá seleccionar hasta 3 (tres) ensayos para su publicación.
Los participantes que resulten seleccionados serán notificados en forma fehaciente por la Agrupación. Los autores ceden de manera irrevocable todos los derechos de cualquier tipo que pudieran derivarse de la obra, incluyendo –sin carácter taxativo- todos los derechos de autor. Asimismo, los autores se responsabilizan por los reclamos de cualquier naturaleza que terceros pudieran efectuar respecto de su originalidad o cualquier otra causa sobre el texto presentado, y aceptan su publicación en la revista, tanto en su formato en papel, como en su versión electrónica, en el Portal Académico de la Facultad de Derecho de la UBA.
Premios:
Para el ensayo que obtenga el primer puesto, el premio consistirá en:
La publicación del ensayo en la Revista Digital y Grafica de la Agrupación Norberto Centeno.
2) La posibilidad de exponer su trabajo, junto con reconocidos profesores de Derecho Penal en la entrega de premios organizada por la Agrupación.Para el segundo, tercer, cuarto y quinto puesto consistirán en:
1) La publicación del ensayo en la Revista Digital y Grafica de la Agrupación Norberto Centeno.
2) Menciones en la entrega de premios.
Los trabajos que no resulten seleccionados no serán devueltos y podrán ser evaluados por el Consejo de Redacción de la Agrupación Norberto Centeno, para ser incluidos los medios virtuales (blogs, facebook, etc.)
Nos llega este comentario de Soto Hoyos:
Gracias amigo "Antagonista"
http://elantagonista.com/2011/06/06/otros-aires/
La charla también era muy llamativa, puesto que trataba de dos temáticas de suma importancia para los trabajadores del derecho: por un lado el trabajo explotador e irregular en las firmas o estudios jurídicos, y por el otro, el acceso democrático al aparato de justicia. Dos preocupaciones reales que aquejan, supongo, a todos los abogados de América Latina al menos.
Sin embargo, más allá del interesante debate sobre cómo enfrentar las dificultades laborales de los estudiantes o recién graduados que trabajan en las firmas de abogados, o sobre cómo garantizar un proceso realmente democrático y transparente para obtener cargos en el aparato judicial, yo sólo pensaba qué lejos están los abogados, al menos de las universidades privadas de Bogotá, de interesarse por problemas de tal magnitud.
A diferencia de mis colegas argentinos -que aseguraban con la frente bien elevada que el acceso democrático a la justicia es un derecho exigible así como el buen pago y trato en un estudio jurídico- mis colegas colombianos, desprecian la justicia como un medio de empleo para abogados poco importantes (a menos que sea de magistrado) y se ofrecen, perdón la expresión, con las patas abiertas, a trabajar vergonzosamente en las firmas que, según ellos, les dan prestigio, y el hecho de que se les pague mal o se les impongan horarios extravagantes, es “normal” y “por algo se empieza”.
Pero eso no era todo, la inevitable comparación me hizo sentir vergüenza por mi Universidad, un claustro histórico, que probablemente, es la institución que más abogados le ha dado al país, pero que hoy, poco o nada dice o efectua por las dificultades de los estudiantes y recién graduados para encontrar trabajos dignos. Y mucho menos por ese desprecio injustificado al sistema judicial, porque, la mayoría realmente quieren ser abogados para ser millonarios con prestigio en el sector privado.
Me hizo sentir vergüenza saber que en Bogotá por no decir Colombia, el motivo de dignidad no es luchar por los derechos, eso es bochornoso para un abogado prestigioso, sino es posicionarse en buenas firmas, con grandes contratos y con sistemas laborales explotadores, que únicamente se justifican, en el dinero.
Y también sentí envidia, sentí una inmensa envidia al ver a personas de mi edad hablar de sindicatos, gremios y asociaciones, sin miedo ni temor. Sentí deseo de que en mi país ser sindicalista deje de ser sinónimo de ser terrorista, y que ser agremiado deje de ser una cuestión asimilada con las clases bajas. Qué aires tan distintos se respiran cuando opinar y criticar no es considerado un acto contrario al país o de subversivo sino un acto propio de la política y de una sociedad democrática.
Otros aires se respiran cuando se ve a jóvenes preocupados por su futuro, por su futuro solidario, por su profesión, por las condiciones injustas que propagan aquellos que dicen defender la justicia. Porque para ellos, por lo menos para los de La Centeno en específico, es inconcebible que el trabajo esté mal pago. Mientras que para los abogados de las Universidades privadas, sólo esperan encontrar con rapidez cualquier árbol por el cual puedan trepar sin importar en dónde queda la dignidad.Claro siempre que ese árbol no sea la siempre menospreciada rama judicial.
No me queda sino expresar mi deseo de que en Colombia, algún día, los jóvenes, dejen de decir que “de política y de religión no hablo” o que “no me interesa eso” porque es precisamente ahí dónde se paralizan todas las posibilidades de cambio, es precisamente en jóvenes que a pesar de las oportunidades que han tenido, su indiferencia y falta de coraje, permite que se sigan perpetuando prácticas injustas y oscuras, permite, en pocas palabra, que Colombia sea el país que hoy es."
A todos los que transitamos diariamente por esta facultad se nos reconoce bajo el rótulo de “estudiantes de derecho”, y no está mal que así sea ya que somos estudiantes durante la gran cantidad de años que dura esta carrera. Sin embargo, hay un hecho que suele ser omitido: la mayoría de nosotros paralelamente trabajamos, dando nuestros primeros pasos dentro del difícil mercado laboral jurídico. Básicamente tenemos dos opciones:
Ingresar a trabajar en la Justicia
Hace unos años ingresabas a la justicia solo por contacto y para trabajar gratis!!! Todo este sacrificio podía durar meses o años, con la esperanza de ser nombrado. A este tipo de empleados se los conocía como “meritorios”.
A partir del 2007, fruto de la lucha encabezada por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que se plasmó en la Acordada N° 25 de la CSJN, los meritorios pasaron a estar prohibidos en el Poder Judicial de la Nación, dando fin a este método esclavista de Ingreso.
Sin embargo, desde entonces no se reglamentó ningún sistema justo, democrático, transparente y basado en los méritos de cada aspirante, razón por la cual los cargos son ocupados según el arbitrio del magistrado a cargo de cada dependencia, sin sujeción a órganos de control.
Creemos que esta omisión se contradice con una renovada oleada de reformas democráticas a nivel estatal que comenzaron en el año 2003 cuando los distintos poderes del Estado pusieron en marcha medidas tendientes a permitir el acercamiento y la participación de la ciudadanía en la conformación y el funcionamiento del sistema judicial, con el objeto de mejorar su transparencia y fortalecer su independencia. Entre ellas podemos mencionar la publicación de antecedentes de los candidatos a ocupar vacancias ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dec. 222/2003), la creación de un procedimiento de audiencias públicas ante el Honorable Senado de la Nación para la designación de Ministros de la C.S.J.N (Dr. 192/98), la integración de la C.S.J.N con miembros del más alto nivel y prestigio o la publicidad de los procesos en trámite ante la CSJN (Ac. 35/2003, 14/2006).
Estos síntomas de mejora institucional no deben quedar limitados al control de la designación y el trabajo de los magistrados, sino que deben ser el comienzo de una reestructuración íntegra de toda la organización interna del Poder Judicial, máxime cuando parte importante de la labor diaria producida por sus dependencias transita por la seriedad y diligencia de sus equipos de trabajo, y no exclusivamente de sus titulares.
Es por todo esto que desde La Centeno Derecho consideramos que la única forma de terminar con esta histórica problemática es la creación de un régimen de ingreso meritocrático que, como eje principal, garantice el concurso imparcial y anónimo de todos los cargos. De esta manera, se asegura igualdad de oportunidades a todos aquellos ciudadanos que pretendan trabajar en la Justicia.
¿SABIAS QUE?
En la Justicia de la Provincia de Buenos Aires existe un sistema de ingreso que exige a los aspirantes la aprobación de un exámen. Luego se realiza un listado con aquellos que aprobaron, los cuales van siendo seleccionados a medida que se generan vacantes. La trampa pasa porque los jueces nuevamente eligen discrecionalmente.
Los estudiantes de derecho avanzado y abogados quedan exceptuados del examen por lo cual ingresan al Poder Judicial por la sola voluntad del titular de la dependencia.
Trabajar de manera irregular en un estudio jurídico.
Ingresar como procurador en un estudio jurídico implica pasarte la mitad del día deambulando de traje por el centro porteño entre largas colas, empinadas escaleras e infinidad de papeles, tratando de decodificar cual es la última novedad del Tribunal. En el mejor de los casos, te asignan un cubículo medio pelo en la oficina y como premio, te ponen a imprimir cédulas, oficios, testimonios y exhortos en serie durante todo el día. Podríamos pensar que la paga compensa todo tu esfuerzo pero, desgraciadamente, lejos se encuentra de satisfacer dicha expectativa. Ni por casualidad se acerca a las escalas mínimas de cualquier otra actividad, y para colmo, ni siquiera alcanza a cubrir los beneficios propios de todo régimen de contratación laboral (aportes, cobertura médica, jubilación). Terminar la carrera tampoco te asegura nada. A partir de entonces te van exigir que en prueba por la percepción de tus “honorarios” todos los meses emitas una factura que corporice la contratación de tus “servicios profesionales”.
A fin de combatir este fraudulento sistema de contratación instrumentado por gran parte de los Estudios Jurídicos de nuestro país, desde La Centeno, proponemos empezar por superar la clásica distinción entre profesionales (ilustrados que brindan servicios a terceros en la soledad de sus despachos, consultorios o estudios) y trabajadores (sujetos que hombrean bolsas en el puerto). A contramano del imaginario reinante en nuestra sociedad (y facultad), la aplicación del régimen laboral no depende del grado de formación, instrucción o estrato social de quien, bajo esa modalidad, presta servicios, sino que su determinación se vincula a la verificación de los elementos que tipifican la relación de dependencia. En la mayor parte de los Estudios, estos elementos se encuentran plenamente presentes en el esquema contractual de estudiantes y profesionales. Por supuesto, prevaliéndose del perfil universitario o profesional del contratado (vos), el vínculo es, en general, fraudulentamente simulado por los empleadores bajo el esquema de un contrato de locación de servicios sin subordinación.
Es tiempo de cambiar. Debemos dejar de representarnos a nosotros mismos como casta ilustrada de jerarquía superior. Nuestra realidad se acerca más al tipo que hombrea bolsas en el puerto que al laburo de Pablo Echarri en la novela de las 23 (nota de color, Echarri también presta servicios bajo relación de dependencia). Existe sí una sutil diferencia con el trabajador del puerto: su relación de trabajo se encuentra debidamente registrada y protegida por todas las normas que rigen la materia. La tuya no. De allí derivan la mayor parte de los abusos que diariamente experimentas. La Centeno está dispuesta a dar batalla contra el sistemas precario de contratación de estudiantes y abogados en Estudios Jurídicos. No podemos darla solos. Precisamos de tu ayuda.
SABÍAS QUE?
La Cámara Nacional del Trabajo, en su composición mayoritaria, reconoce la aplicación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (presunción iurius tantum sobre existencia de contrato de trabajo) a la locación de servicios profesionales.
Las escalas salariales mínimas de los trabajadores bancarios asciende a $ 3801, de los trabajadores judiciales a $ 3850, de los trabajadores de comercio $ 3022.60.
